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La actual legislación no tipifica como delito la introducción de los virus
informáticos, sino se limita a castigar los efectos ilegales de su
difusión. De acuerdo a este documento, el acceso y daño a una computadora o al
sistema es considerado un crimen de tercer grado, el cual enfrenta una
sentencia de siete años y una multa de $15,000. Por otra parte, la intervención de una computadora, el
sistema, la red, cesión ilícita de contraseñas o cualquier otra
informacion confidencial sobre el sistema, es considerado como un
delito menor de primer grado, con una pena máxima de cinco años y
una multa de $10,000, escribe CNN. Así mismo, el acusado deberá pagar a la víctima el costo de la reparación
o reposición del sistema infectado, las pérdidas generadas durante
el periodo en el cual el sistema estuvo fuera de funcionamiento, así como remplazar o restaurar datos perdidos o dañados. El
nivel de restitución deberá ser determinado por un juez.
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